Esta conducta, regulada por las Leyes 1778 de 2016 y 2195 de 2022, contempla la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que, por medio de sus empleados, contratistas, administradores o asociados, den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero cualquier beneficio económico o utilidad, directa o indirectamente, con el fin de influir en decisiones relacionadas con transacciones internacionales.