Esta conducta, regulada por las Leyes 1778 de 2016 y 2195 de 2022, contempla la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que, por medio de sus empleados, contratistas, administradores o asociados, den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero cualquier beneficio económico o utilidad, directa o indirectamente, con el fin de influir en decisiones relacionadas con transacciones internacionales.

Del 27 de octubre al 7 de noviembre, únete a esta gran jornada nacional que busca brindar servicios gratuitos de conciliación a la población más vulnerable, especialmente de los estratos 1, 2 y 3 y zonas rurales.